Por Eugenio J. Ríos. Publicado en Colatino el 22 de febrero de 2013

El derecho a obtener información pública no sólo está limitado a la prensa como erróneamente interpretan muchos “analistas” y personas jurídicas en este país, sino que el ciudadano común lo tiene y ha recurrido a varios métodos para satisfacer su necesidad de adquirir información.

El FMLN fue el primer partido político en interpretar esta necesidad de grandes segmentos de la población. En tal sentido, desde 2007 encomendó al entonces diputado Gerson Martínez, elaborar un primer borrador de una ley de Acceso a la Información Pública, proyecto que con el correr de los años cobraría fuerza y sería apoyado por distintas asociaciones.

La iniciativa del FMLN partió de su creencia y su irrestricto apoyo a la libertad de expresión del pensamiento y a las urgentes necesidades de la población de estar debidamente informada y de conocer cómo se emplean los impuestos pagados al fisco, las obras y contratos realizados por el gobierno y todo lo relacionado con los convenios y tratados internacionales suscritos por el país.

 

Además, la misma Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones  y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión”.

Los partidos de la derecha nunca estuvieron interesados en apoyar una iniciativa de transparentar cuestiones públicas y mucho menos una ley de esta naturaleza. No fue hasta después de marzo de 2009, cuando Arena perdió las elecciones presidenciales y el FMLN accedió al gobierno, que tímidamente y con reservas apoyó el proyecto de una Ley de Acceso a la Información Pública.

La Ley de Acceso a la Información Pública creada y redactada por diputados del FMLN, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 2 de diciembre de 2010. La misma fue devuelta con observaciones por el presidente de la república, Mauricio Funes, el 5 de enero 2011. El Congreso aceptó parcialmente las modificaciones y se aprobó definitivamente el 3 de marzo de 2011.

La ley entró en vigencia el 8 de mayo de este mismo año. Al año siguiente el gobierno abre la información al público y se crean unidades de transparencia y acceso a la información en todas las dependencias estatales.

Atendiendo al principio de que todas las sociedades se gobiernan por leyes y para continuar favoreciendo el desenvolvimiento tranquilo y ordenado de la sociedad, el gobierno del FMLN puso en todos los portales toda la información disponible, guía de organización de archivos, listado de información reservada, base de datos de ofertantes y contratistas y formas de acceder a los mecanismos de participación.

De tal suerte que en el segundo semestre del año recién pasado, las distintas instituciones del gobierno recibieron seis mil 605 solicitudes de información, se dieron seis mil 543 respuestas, 135 denegaciones, 295 en trámite y en total seis mil 630 atenciones ciudadanas. La mayor cantidad de solicitudes (77%) fueron para el Órgano

Ejecutivo (5,066), la Asamblea Legislativa 18% (1,211) y otras el 5%.
Con la Ley de Acceso a la Información Pública es inevitable hacer ciertas comparaciones con algunos países, por ejemplo: El Salvador tiene un nivel de solicitudes (106.7 para el Estado central y 81.4 para el Poder Ejecutivo, por cada 100 mil habitantes) sólo inferior al de Chile (113.7 por cada 100 mil habitantes) y superior al de México (sólo gobierno Federal), Guatemala y Perú.

Asimismo, en el portal de transparencia gubernamental se han publicado 40 mil 029 documentos, de ellos 295 sobre funcionarios, más dos mil 024 datos sobre los mismos, 199 sobre viajes con 652 datos suplementarios; 184 sobre remuneraciones y sus mil 238 detalles, 63 sobre asesores y 276 en relación a servicios.

Se habla mucho de que la Ley no se mantendría en vigor si no fuera respetada por la opinión pública. Este es un axioma, pero la función de la opinión pública raras veces se la examina o define, a no ser en una forma vaga y general. El respeto público a cualquier ley debe ir más allá del hecho de urgir su promulgación, su veto o sus observaciones.

La observancia realmente efectiva de la ley depende de la ayuda que presten los ciudadanos a las autoridades de justicia para descubrir los casos de violación de dicha ley y para detener a los transgresores. Requisito  de la buena disposición ciudadana para ayudar a mantener la ley es la comprensión y conocimiento de ella. Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la República no ha investigado 111 casos de corrupción de funcionarios de Arena, presentados por este gobierno.

El gobierno del presidente  Mauricio Funes y del Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén y el FMLN pasarán a la historia por ser los creadores y promotores de esta Ley que en definitiva reivindica el derecho a la población a la libertad de expresión y de recibir información pública, para lo cual ha votado o se ha expresado en las urnas como exige una verdadera democracia.